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![](media/image1.jpeg){width="0.93in" height="0.14999890638670166in"}JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N\' DE

Calle Pardo Gizaeao, 43, 4\* 9laaa Alicante. TI: 965 936 112/13/14; Fax: 965936171

Procedimiento Ordinario -

![](media/image2.jpeg){width="0.515in" height="0.10999890638670166in"}

Sobre: Responsab ilidad patr inonial

Demandante: Abogado: .

Demandada: DIPUTAGÓN DE ALICANTE Abogado: LETRADO DIPUTACIÓN. PROVINCIAL

Demandado:AYUNTAMIENTO DE .

Abogado:

Procuradfit: .

Codemandado:

Abogado:

Coéeraandado::

Ahogado: Procurador:

EL ILMO. SR. . , MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO DE ALICANTE;

En nombre de Su Majestad,

D. Felipe VI de Borbün y Grecia, Réy de España, ha pronunciado la presente SENTENCIA n°

En la Ciudad de Alicante, a 28 de marzo de 2018.

VISTOS por este Juzgado los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, seguidos bajo el número de orden \"ut supra" reseñado, del presente Proceso Contencioso-Administrativo, en materia de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADIVIINISTRACIÓN; en el cuál:

Ha sido PARTE ACTORA: ; parte procesal que ha estado representada y ha actuado bajo la dirección letrada de " - \"

Han sido ADMINISTRACIONES DEMANDADAS:

1^a^) La EXCMA DIPUTACIÓN PROVJNCIAL DE ALICANTE Administración

pública local que ha "estado representada y defendida por sus propios Servicios

U d C

' \" \'

2 El Excmo. AYUNTAMIENTO DE . (provincia de Alicante) y

su Compañía Aseguradora,- - - \""\"\" -\"- " .; quienes han

estado representados conjuntamente por el Procurador de los Tribunales y dirigidos por el Letrado

![](media/image3.jpeg){width="0.68in" height="7.499890638670166e-2in"}CSVz

Ha comparecido como PARTE CODEMANDADA, por disposición legal (art. 21.1.c) UCA) y en su condición de aseguradora de la Diputación Provincial, la Compañía Aseguradora , parte

procesal que ha estado representada por el Procurador de los Tribunales y ha tenido defensa Tetrada en la persona de

La CUANTíAdel presente recurso contencioso-administrativo se fijóa, procesales, en

I. [ANTECEDENTES DE HECHO]{.underline}

efectos

#

PRIMERO.-Por la representación procesal de la parte actora se presentÓ ante el Decanatode los Juzgados de Alicante-capital en fecha 1 de septiembre de 2016, ESCRITO DE INTERPOSICIÓN del Recurso Contencioso-Administrativo, cuyo conocimiento por turno de reparto correspondióa este Juzgado.

El escrito de interposición, sin embargo, se interpuso con incumplimiento de algunos de los REQUISITOS DE FORMA del artículo 45 UCA, lo que obligó al Juzgado a requerir de subsanación a la propia parte actora, requerimiento que tuvo lugar por Diligencia de Ordenación del Iltre. Sr. Letrado de la Admínistracíónde Justicia de este Juzgado de fecha 20 de septiembre de 2016, siendo finalmente subsanados por la parte actora los óbices señalados, lo que dio lugara que se pudiera dictar el Decreto de fecha 26 de septiembre de 2016, y proseguir el curso del proceso.

Admitido que fue el recurso contencioso, se requirió a las dos Administraciones públicas codemandadas para que remitiesen los expedientes administrativos, quedando las mismas emplazadas al procedimiento con dicho requerimiento.

Seguidos los trámites prevenidos por la UCA se emplazó a la parte actora para que formalizara la DEMANDA, lo que Verificó mediante escrito aportado por su representación procesal en fecha 30 de noviembre de 2016 en el cual, tras exponer los hechos, y realizar los alegatos jurídicos, que entendió resultaban aplicables a su pretension, terminó suplicando del Juzgado que, previa estimación del Recurso contencioso-administrativo interpuesto, se dictase Sentencia mediante la cual se declarase conforme al suplico de la misma, revocando la actuación administrativa impugnada; y se le reconociese el derecho a ser indemnizada en la cuantía objeto de reclamación, por entender que existe un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.- Las Administraciones codemandadas fueron emplazadas para que efectuase en sus respectivas CONTESTACIONES A LA DEMANDA.

La primera en resnonder fue la representación procesal conjunta del Excmo.

AYUNTAMIENTODE y la Compañía Aseguradora

, mediante escrito aportado por su representación procesal en fecha 2 de enero de 2017, en el cual se opusierona la demanda presentada de adverso, y tras exponer los hechos y realizar los alegatos jurídicos que entendieron resultaban aplicablesa su oposición, terminaron suplicando del Juzgado se dictase Sentencia en la cual se desestimase el Recurso contencioso-administrativo interpuesto, y se confirmase la Resolución impugnada.

![](media/image4.jpeg){width="0.655in" height="6.999890638670166e-2in"}CSV:

![](media/image5.png){width="6.0e-2in" height="11.169998906386702in"}

En segundo lugar contestóa la demarida la representación procesal de la EXCMA. DIPUTACIÕN PROVINCIAL DE ALlCANTEmediante escrito presentado en fecha 16 de enero de 2017. en el sentido de oponerse a la demanda formulada y solicitar su Integra desestimación.

Por último, la PARTE CODEMANDADA (la CompaŃía Aseguradora

) realizõ también su CONTESTACIÕN A LA DEMANDA. mediante escrito presentado en fecha 2 de de 2017 en el sentido de oponerse a la mìsma, Y tras las aJegaciones que entendió resultaban aplicables a su oposición, terminó suplîcando del Juzgado se dictase Sentencia eń la cuaJ se desestimase el Recurso contencioso-administrativo interpúesto, y se confirmase la Resolución impugnada

TERCERO.- Por Decreto del litre. Sr. Letrado de la Administración de Justiciade este Ju2gado de fečha 3 de marzo de 2017 se acordó, entre otras cosas, recibir eT procedimientoa PRUEBA, practicándose la propuesta por las partes, previa su declaración de peftinencia porAuto dë 10 de mayo de 2017; con el resultado que obra en autos y que oportunamente se vaJorará.

Por Diligencia de OrdenaciÖn de fecha 31 de mayo de 2017 se declaró concluso el período de práctica de prueba, y se dio. plazaa las partes para que formularan escrito de CONCLUSIONES sucintas.

La parte actora presentõ sus concJusiones en escrito aportado en fecha

, el Excmo. Ayuntamientode . y aportó sus cońclusiones en fecha

hizo lo propio en escrito

presentado en fecha " Y finalmente la compañía aseguradora codemandada presento su escrito de conclusiones también en fecha

Finalmente, por Providencia de fecha 17 de julio de 2017 se declar õ èl pleito

CONCLUSO PARA SENTENCiA

No obstante Io anterior, por Auto de 27 de julio de 2018, y de conformidad con el art. 67.2 UCA, se fijó una nueva fecha para el dictado de sentencia, exponiendo los motivos del retraso acumulado. Lo cierto es que esta fecha tampoco pudo ser cumplida (a diferencia del resto de procedimientos, que sí finalizaron todos en la fecha señalada). En el casa que nos ocupa se da la circunstancia de haber perdido el archivo informát"/co de la sentencia, r}ue se encantraba redactada su práctica integridad desde el mes de febrero de 2018, y no poder ser posible su recuperación. Ello unido a la insoportable carga de trabajo que tiene este Juzgado, obligóa iničiar la redacción de la sentencia desde el principio, utilizando para ello los dfas fesõvos de la Semana Santa de 2018.

CUARTO.-La LENGUA ORIGINAL en la que esta.Resolución judicial se ha concebido y redactado ha sido íntegramente el castellano (arts. 231 LOPJ 6/1985y 142 LEC 1Y2000), sin perjuicio de que las partes liõgantes puedari solicitor la correspondiente traducción at vaJenciano. Los efectos de la presente Sentencia se computarán, en todo caso, desde la notificaciõn del original dictado en lengua castellana.

QUINTO.-En la tramitación del presente Recurso se han observado y cumplîdo todas las PRESCRIPCIONES LEGALES. excepto el plazo para dictar sentencia. previsto en el art. 67.1 LJCA,por los motivos ta indicados en el Auto dictado de conformidad con el art. 67.2 UCA; motivado por acumulación dë asuntos

![](media/image6.jpeg){width="0.6799989063867017in" height="0.1in"}

en la misma situación procesal anteriores en el tiempo al que nos ocupa, que han sido resueltos por riguroso orden de antigüedad.

II. [FUNDAMENTOS JURÍDICOS]{.underline}

PRIMERO.-En el presente proceso contencioso se impugna y sometea control judicial por parte de este Juzgado las siguientes ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

1\^} Resolución de fecha 31 de mayo de 2016 (dictada en el expediente

) de Ta Junta de Gobierno de la Excma.Diputación Provincial de Alicante, dictada por delegación del Presidente,por la que se inadmite expresamente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada cDntra esta Administración por escrito presentado en fecha 21 de octubre de 2015.

2\^) La desesómación presunta (nacida por silencio administrativo negativo) de la solicitud realizada ante el Excmo. Ayuntamientode en la preceptiva reclamación de responsabilidad patrimonial realizada por la parte actora en la preceptiva vía administrativa, mediante escrito presentado en fecha 7 de mayo de 2015; y por el cual se inició el expediente de responsabilidad n.°

Los actos administrativosrecurridos eran impugnables, a elección de la parte actora, bien ante \"la propia Administración (mediante Recurso potestativo de Reposición) o bien directamente en sede judicial (a través del Recurso contencioso-administrativo). Habiendo optado la pete actora por la segunda de ías posibilidades legales. El análisis del expediente administrativo pone de manifiesto que no ha habido simultaneidad ni solapamiento entre el recurso administrativo (que no consta llegar interponerse) y el recurso judicial.

Los actos administrativos impugnados constan aportadas por la parte actora

junto a su escrito inicial de interposición del recurso contencioso-adminisdativo (Documentos n.° 4 y 9, réspectivamente), y obran asimismo en los dos expedientes administrativos; remitidos por cada una de las la Administracionespúblicas codemandadas; y aportados ambos digitalizados en formato CD.

SEGUNDO.-Se formula por la parte actora en este procedimiento una reclamación judicial por considerar que existe responsabilidad patrimonial de la Administración.

La Jurisprudencia ha venido entendiendo que la responsabilidad patrimonial

queda configurada mediante la acreditación de los siguientes cuatro requisitos, que constituyen todos ellos requisitos line qua nonpara estimar una existencia de Responsabilidad Patrimonial de la Administración:

a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio evaJuable económicamente, individualizado con relación a una persona o un grupo de personas y antijurídico, de forma que si se da en et sujeto el deber jurídico de soportar la lesión decae ra obligación de indemnizar;

b) que eldaño sufddo seaconsecuenciade!funüonamiento notma!oanorma

de los servicios públicos,

c) que exista una relación directa y causal (de causa-efecto), sin intervención

extraña que pudiera ;infIuir en el nexo causal; y

d) que no se haya producido por fuerza mayor.

Resulta igualmente relevante en orden a la resolución del pleiio la identificación de los criterios de aplicación a estos supuestos de los principios

![](media/image7.jpeg){width="0.665in" height="7.999890638670167e-2in"}CGV.:

generales de distribución de la carga de la prueba: en el proceso contencioso rige" también el principio generaJ, inferido del art. 217.2 LEC Y2000, según el cual corresponde la carga de la pruebaa aquél que sostiene el hecho: incumbit probatio qui díxit, non qui negar. En consecuencia, esa la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del aJcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de Ta relación de cåusaJidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. En tarito que correspondea la Administración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, camo causa eficiente, de la acción de terceros, salvo en el supuesto de hecho notońo (art. 281.4 LEC 1/Z000).

IERCERO.-La VERSIÓN DE LA PARTE ACTORA sobre cómo se produİo el accidente es la siguiente: \"El dÏa "

carretera

sufríó una caída cuando circa//aBa

(dirección Alicante), a unos " del núcleo urbano de

en fa

![](media/image8.jpeg){width="0.32499890638670165in" height="0.145in"}

el accicfente fue debido al ma/ Estado del filme de la carretera, en concreto rna serie de grietas o brechas en el asfalto de dicha carretera que no se encontraba señalizar en ningún punto,

del , siendo rota/men¢e impredecible y produciendo la caída /\'ara/ (\...)\".

Debemos señalar que existe un error de identificación, en la nomenclatura de la carretera donde tuvieron lugar los hechos, dado que la carretera no existe. Como señala el propio Corisejo Jurídico Consulüvo de la Comunidad VaJenciana en su Dictamen (pág. 95 del Documento 30 del expediente del Ayuntarniento): "E//o permite concluir due existe un error eri e/ DOCV de 2 de junio de J99 i, y donde se indica deòería /îgL/rar i \".

CUARTO.-La parte actora dirige su demanda de manera simultănea contra dos Administraciones locales distintas (la Diputaciõn Provincial de Alicantey el Ayto de ). Lo primero que debemos determinar es si la responsabiIidad.corresponde a una de ellas en exclusiVa: o si existe entre ambas algún tipo de responsabilidad concurrente de las que prevé el artículo 33 LRJSP 40/2015.

Pues bien, para ello lo primero due debemos determinar es la titularídad de \]a carretera donde se produjo el accidente. El propio Consejo Jur fdico Consultivo de la Comunidad Valenciana en su Dictamen n.° 734/2015 ya exhortó al Ayuntamientoa determinar la titularidad de la carretera (situada en el Térrnino Municipal de

Para ello debemos partir del Informe emitido por el Departamento de Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante, en fecha 23 de octubre de 2O15 (pág. 62 del expediente de la Diputación), en el cual se niega la titularidad proviñciaJ de dicha via. EIIo queda corroborado con el posterior Informe, de fecha 8 de abril de 2016 (págs. 73 a.78 del expediente de la Diputación), emitido también por el mismo Departamento de Carreteras de la DİDUtación Provincial de Alicante, donde se pone de manifiesto que la carretera no figura en el catăJogo del sistema viario de la Administraciónautonómica Valenciana, aprobado por Decreio autonómico 49/2013, de 12 de abril. Si nos remontamos al anterior Catălogo del sistema viario de la Comunidad VaJenciana, que fue aprobado por Decreto autonómico 23/1995, de 6 de febrero; ahí es donde aparece la mencionada vía, que correspondíaa la antÌgua

![](media/image9.jpeg){width="0.6999989063867017in" height="0.1in"}

carretera comarcal , y que fue transferida al municipio de En el mismo informe se incorpora toda la información gráfica consistente en el mapa o icia de carreteras de la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante, editado por la propia Generalidad Valencian£L; y la ampliación del mismo correspondiente al vial

en el cuaJ se puede comprobar de manera clara que está grafiado como \"caminos de dominio público/ vfa/es municipales™, según la leyenda que contieñe el propio mapa (págs. 75 y 76 del expediente de la Diputación).

Debemos señ&ar que la nomenclatura de carreteras aprobada por la Administración autonómica valenciana establece que todas las carreteras de esta Región (excluidas obviamente las pertenecientesa la red de carreteras del Estado) comenzarán por la nomenclatura "CV\" (Comunidad Valenciana) -no confundir con el antiguo \"camino vecinal\"-. Y ello con independencia de que pertenezcan o no a la Administración autonómica valenciana. El criterio para saber que carreteras pertenecena la Administración autonómica valenciana es el del número de dígitos que acompañan a la nomenclatura "CV\". Si va seguida de 2 ó 3 dígitos, la carretera pertenecea la Administración autonómica; reservándose los 2 dígitos generalmente para las autovfas autonómicas, consideradas las carreteras de mayor importancia (por ello, gráficamente se representan sobre fondo naranja; a diferencia de la nomenclatura de 3 dígitos que lo es sobre fondo amarillo. La mención \"CV\" acompafiada de 4 dígitos es una carretera perteneciente a la red provincial (competencia de las 3. Diputaciones provinciales de esta Región: Castellón, Valencia y Alicante) o bien una carretera local expresamente transferida al correspondiente Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamientode . desplegó también la misma actividad de investigación sobre la titularidad de la carretera. En concreto por parte de la oficina municipal de patrimonio se emitió en fecha 30 de junio de 2015 (folio 51 del expediente del Ayuntamiento} un informe donde se hace constar que la carretera

no figura en el Inventario municipal de bienes. El Ayuntarnientose refiere también al mismo mapa oficial de carreteras de la Comunidad Valenciana, reconociendo que esta carretera aparece como vial municipal; pero alegando que no le consta al Departamento de Patrimonio que dicha Vla haya sido transferida o aceptada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de reconoce también que la propia Dirección Generalde obras públicas de la Generalidad Valenciana les informó aue se les había comunicado la transferencia de las carreteras y , pero que no consta en los archivos municipales ninguna aceptación en relación a dicha comunicación.

Lo cierto es que la vía se atribuye & Ayuntamientode directamente \"ope legis\", por el Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Gobierno autonómico valenciano, siendo indiferente que el Ayuntamientohaya procedido a inscribir la misma en el inventario municipal de bienes. En concreto, esta norma señaló en su disposición Oansitoria única lo siguiente:

\"Competencias de conseivacián y explotación.

De conformldad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 6/zg 1, de 27 de marzo, de la Generalidad, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, Ja asunción efectiva de las competencias y responsabilidades en materia de conservación y explotación por las administraciones que deban ostentar la titularidad de la vfa de conformidad con el catálogo aprobado por esfa disposición, se producirá a partir de la entrada en vlgor de este decreco, con carácter previo a la formalización de la

cesión\".

Y la Disposición Fina! 2' de la misma norma añade:

"Segunda. Entrada en vigor.

![](media/image10.jpeg){width="0.6899989063867017in" height="7.999890638670167e-2in"}

![](media/image11.png){width="6.499890638670167e-2in" height="11.185in"}![](media/image12.png){width="8.035in" height="7.999890638670167e-2in"}

![](media/image13.png){width="0.22in" height="0.11999890638670166in"}

  1. El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación en el Diario OficlaJ

de la Comunidad Valenciana.

  1. Cualquier modificación de Io establecido en los anexos de la presente disposición deberã

ser sometida al Consell para su aprobación, previa audiencia de las entidades locales afectadas\".

Ello supuso que el Decreto 49/2013 entró en vìgor el 16 de abril. de 2013. Dado que el accidente se produjo el 7 de mayo de 2014, es evidente que en la fecha del siniestro la Diputación Provincial no era titular del tramo cuestiónt ni tampoco le correspondía Competencia alguna en materia de conservación, mantenimiento, a explotaciôn; lo que bloquea jurídicamente la posibilidad de establecer algún tipo de competencia concurrente.

A todo ello, debemos añadír la existencia

(página 55 del expediente} en el que se indica que el Catálogo del sistema aviario de la Comunidàd Valenciana del año" 1995 estableció que la carretera pasabaa ser de tìtularidad municipaJ desde el momento en que se ejecutó la variance de la

(hoy, ). La titularidad de la carretera pasoa ser asumida por el Ayuntamientode

, ya que así Io estableció y dispuso Ta Administración autonómica. Estamos ante una cuestión muy relevante, ya que supone la intervención de una tercera Administración (la GeneraJidad Valenciana) que no es parte en las actuaciones, y de cuya normativa deriva de manera člara la atribución de la titularidad de la carretera donde tuvo lugar el accidente; y que la misma se atribuye al Ayuntamientode

La falta de inscripción en el Registro municipal de bienes (que no tiene carácter constitutivo) o la mayor o menor dejadez en el ejercicio de las competencias municipales no puede alterar la transferencia competencial hecha y decidido por la Comunidad Åutónoma vaJenciaha.

Por último, debemos señaJar que sabre los efectos jurídicos de la aprobačión del Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana ya túVO Ocasión de pronunciarse la Sentencia n.° 993/2015. de 18 de noviembre, del TribunaJ Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo; Sec. 1\^}, dictada en el recurso n.° 137/2013; Ponente: ; Asunto: \" \", en la cual se señaló:

"La çonclusión que alcanza la Sala es que la interpretación armõnica de los dos preceptos del Decreto, es que: la regulaciön de la \"mutación demaniaJ externa\" -que es el caso que contempla el Decreto impugnadoa tenor de Io que establece su artfculo 2- contenida en los citados artfculos no se desprende que la que es objeto del mismo -œnsistente en el cambio de tikilaridad de unos vialesa favor de un Municipio- precise del &cuerdo ence la Administración de la Generalidad Valenciana con el IVlunlcipìo atectado, măxime cuando el aniculo 7 LCCV -\"Lá aproóac/ón ¢łe/ Catá/opo del Sistema Viario y sus rnodificaciones conllevară la incorporación de toe distintos dramas nanas a las cedes estaõlecidaș en el an:. 4ᵉ y la asunción efecáva de las competencies y responsabilidaäes en maker/a de conservación y explotaciõn por los futuros titulares de las vías, en /os piazos ąue esrao/ezca el decreto aprobatorio del mismo, sin peijuicio de la obligación de proceder a los cambios de titulatidad correspondientes\"- vÍncula dicho cambio de titularidad exclusivamente a la aprobaci ön del Catálogo del Sistema Viario; y no sólo el cambio de titularidad sino, a partir de la aprobación del Catálogo, \"desde el dia. siguientea su pub/icacïdn, sin per¡uicio de la obligaciõn de pioceder a bs cambios de titularidad œrrespondientes\" Io que determina que deba entenderse ajuśtada a lo dispuesto en la Oisposiciôn Transitorià única del Decreto49/2.õ13 {reference a \"compelencias de conservación y exglotación)\" -a cuyo tenor \"de conformidad con Io estaõ/ecirfo en el art 7 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Genera/iõaõ, de Carreteras de la Comunidad la/enciana, la asunciõn electiva de las competencies y responsabilidades en ma/eria de conservación y exploiacidn por las adminisŁraciones que deban osłentar la fitu/aridad äe la v'/a de conformidad con el caiâlopa aprobado por esta disposiciõn, se producirá a partir de la entrada en vigor de este decreto, con carácter previo a la Korma/izacidn de la cesión\"- y, en basea eI\]o, reçhazarse la tesis de la actora referentea qúe la cesión debe condicionarse a la dotacióna los Municipios de los medios econamicos necesarios para el

![](media/image14.jpeg){width="0.69in" height="0.1in"}

desarrollo de las competencias transmitidas STS Recurso ordinario 134/2013 de techa 17.11.2D15 dictado en esta Sala y Sección\".

Por tanto, este Juzgado asume el acto administrativo dictado por la Diputación Provincial de Alicante en el sentido de concluir que esta Administración no ostenta Iegilimación pasiva para responder ante este procedimiento de responsabilidad palrimonial, debiendo la misma ser absuelta de las peticiones contenidas en la demanda; lo que jurídicamente se traduce en la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto contra la misma; la cual incluye por extensión a la Compañía Aseguradora de la diputación que había comparecido como codemandada (

). Pronunciamientos ambos que

llevamos directamente al fallo de la senlencia.

Consta también aportad i~'~JF!‹O con el escrito de interposición, la solicitud realizada por el Letrado del recurrente en fecha 15 de enero de 2015 (Documento n.° 10 de la demanda), solicitando al Ayuntamientode informe sobre la titularidad de la carretera ; sin que conste respuesta expresa dada por el Ayuntamientademandado.

Por tanto, todo cuanto se diga a continuación lo será únicamente respecto del EXcmo. Ayuntamientode y y su Compañía Aseguradora.

QUINTO.-En el presente procedimiento existe un TÍTULO DE IMPUTACIÓN de la actividad admi\'nistrativa llevada a cabo por la Administración.

En el ámbito de las administraciones locales, el artículo 54 de Ley estatal 7/1985, de 2 de abrií, de Bases del Régimen Local (LBRL} dispone que "Las entldades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los pan!cuIares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuacion de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos escablecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa", texto que reitera el artículo 223 del ROF. De la misma manera, el artículo 3.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), establece que "Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demós obras públicas de aprovechamiento o ut‹lizüción generales, cuya conservación y policia sean de competencia de la Entidad local\". En este sentido, resulta incuestionable que los municipios ostentan competencia en matéria de infraestructura viaria y pavimentación de las vías públic&s urbanas, tanto calzadas como aceras \[artículos

25.2.d) y 26.1.a} de LBRL\], al objeto de garantizar unas condiciones objetivas de

seguridad para el tránsito de vehículos y de personas. En concreto,el artfculo 25.2LBRL, en la redacción dada al mismo par la Ley estatal 27/2013, de 27 de diciembre, de racionali2acidn y sostenibilidad de la Administración local, según el cual: \"2, El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (\...) d)

Infraestructura vlaria y otros equipamientos de su titularidad. (\...) ".

Por su parte, el artículo 26 LBRL(también en la redacción vigente desde diciembré de 2013) impone las siguientes obligacionesa los municipios, en función de la población de los mismos: \"1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abaslecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, [acceso a los núcleos de ooblaciónv]{.underline}

[DávimentaEión de las vías núblicas]{.underline}.(\...)\".

SEXTO.- Para dar respuestaa la redlamación planteada debemos determinar si existe relación de causalidad entre las lesiones sufridas por la parte actora y el funcionamiento del servicio público. La cuesüón solamente puede resolverse

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acudiendo a la VALORACIÓN DE LA PRUEBA practicada en este procedimiento, en los siguientes términos:

Uno de los elementos más objetivos suele existir en cualquier procedimiento es el del ATESTADO POLICIAL ficha de incidencia policial, Informe, o cualquier otra denominación en el caso de no llegar a levantarse atestado; (cada Cuerpo policial lo llama de una manera) de la actuación que se lleve a cabo (que no necesariamente debe ser de la Policía Local, pudiendo intervenir el Cuerpo de Bomberos, el SAMU o cualquier otro servicio público, sea o no dependiente de la Administración pública demandada). Y ello porque éste es siempre el elemento mós próximo temporalmente a los hechos, y el menos susceptible de ser aJterado por ninguna de las partes Ii1gantes.

En el caso que nos ocupa, sin embargo, no hubo intervención alguna por

parte de la Policía Local. con lo cual carecemos de un Elemento objetivo que nos hubiera permitido valorar la realidad de las alegaciones de la parte actora, sobre todo por la objetividad de esta intervención, y la proximidad temporal de la misma respecto al hecho dañoso. El único hecho que podemos considerar acreditado es que recurrente sufrió un accidente en ese punto y

\" " " " . Pero lo cierto es que ello no permite determinar el modo exacto en el que se produjó el accidente. 0 dicho de otra manera, la única descripción de la forma exacta en la que ocurrió el accidente es la que ofrece la parte actora; que evidentemente no deja de ser una descripción interesada.

2º) Para acreditar el pretendido desperfecto en el asfalto la parte actora aporta junto con su demanda (Documento n.° 1) copia de un Acta de notarial IeVantada en fecha 15 de septiembre de 2014. Esta es la única prueba que aporta i recurrente para acreditar el elemento defectuoso.

Sin embargo, no estamos ante un acta notarial de presencia realizada por el notario. El acta notarial contiene únicamente la declaración testifical

, quien manifestó que: "el /Yía

, observó una persona, que luego supo que era

tuva un accidente \". Sin embargo esta declaración testifical se excede manifiesiamente en lo que el tesD9o puede. ya que la misma señala que el accidente se produjo "a/ en la brecha o grieta del. asra/ro\", algo que el testigo no pudo apreciar en forma alguna. Pues en la propia declaración que el mismo testigo prt•stó en el expediente tramitado por el Excmo. Ayuntamientode se limitó a señalar únicamente que vio al accidentado cuando ya había ocurrido la caída, sin poder determinar la circunstancia por la que se produjo la caída. Lo declarado en el acta notarial supone una contradicción evidente con lo declarado por el testigo en el expediente administrativo; dado que en forma alguna puede el testigo acreditar (dado que ni siquiera lo vio) la forma en la que se produjo el accidente. Estamos ante una declaración claramente mediatizada por la parte actora, y a la que se pretende dar una presunción de veracidad introduciéndola en un acta notarial. No obstante lo anterior. el hecho de cómo ocurrió exactamente el accidente es algo que en el caso que nos ocupa carece completa y absolutamente de prueba.

El acta notarial consta de yarias fotografías. Ahora bien, se trata de fotografías aportadas de oficio por la propia parte (y tomadas más de 4 meses después de ocurridos los hechos), pero [no se trata de un acta de Dresencia notarial levantada]{.underline} [con la apreciación v presencia del DrOoío notariO]{.underline} La calidad de las fotocopias

![](media/image16.jpeg){width="0.23999890638670165in" height="8.499890638670166e-2in"}![](media/image17.jpeg){width="0.6899989063867017in" height="0.1in"}

aportadas junto con la demanda es tan deficiente que impide valorar cuestiones tan elementales como la longitud o la visibilidad del detecto. No obstante lo anterior, las copias que obran escaneadas en los expedientes administrativos (págs. 13 y ss. del Doc. 1 del expediente del Ayuntamiento) son de mayor calidad de las aportados junto con la demanda, y permiten valorar lo evidente: Que se trata de un obstáculo plenamente visiblea muchísima distancia y sorteable por cualquier . Tampoco podemos considerar acreditacla y probada la dimensión de la grieta donde -según la parte actora- sucedió )a caída. La parte actora aporta en una de las fotografías la medición del ancho de la grieta realizada con una cinta métrica. Ahora bien, dado que desconocemos pura y simplemente el lugar exactó donde se produjo la caída (y la propia causa de la caída), es eVidente que no puede darse ningún tipo de valor a esta medición, dado que la misma podria haberse hecho (como seguramente se habrá hecho) escogiendo precisamente el tramo de mayor anchura, con independencia de que el accidente se produjese o no en ese punto.

Como señala el Ayuntamientosu contestación a la demanda, y aun partiendo de que el accidente hubiera tenido lugar del modo en el que señala la parte actora (ya que nadie lo presencid ni puede acreditarse o proba"rse en forma aJguna), si bien es cierto que existe un desperfecto en el firme de la carretera, debemos también tener en cuenta la evidente falta de atención del . Y ello por cuanto:

1º) El desperfecto es perfectamente visible v advertible: máxime cuando la

caída tuvo Iugara las ( ;a plena luz del día

y en un tramo recto con plena visibilidad.

2º) Como ponen de manifiesto las fotografías del acta notarial, la fisura esta situada en el margen derecho del carril de la calzada. Se trata de una zona que tiene una anchura más que suficienté como para poder esquivar este desperfecto, siempre y cuando se circule con la debida atención. Tampoco consta que \'en el momento del accidente estuviera circulando ningún otro vehículo que obligase al recurrente desplazarse hacia la derecha.

Debemos tener en cuenta que estamos en presencia de un tramo de carretera alejado del municipio (a , como reconoce la propia parte actora}, por lo que el uso del mismo es el de vehículos a motor. Y el desperfecto es pura y simplemente irrelevante si se conduce un Vehículo motor. No estamos ante una vía verde (destinadaa la práctica deportiva) o úna calle urbana (cuyo uso es intensivo y compartido por toda clase de vehiculos); por lo que la exigencia de mantenimiento no puede ser la misma. No es posible exigir la perfección absoluta de un tramo de carretera cuando el uso que se realiza de la carretera es un uso puramente recreativo consistente en . Es evidente que el "grado de conservación y de exigencia que el recurrente puede pretender de ese tramo no es el mismo que si circulase por un carril-bici señalizado en exclusiva para este tipo de vehículos; una vía verde (destinada a la práctica deportiVa) o un Velódromo municipal.

A ello debemos añadir que, de manera genérica, el art. 18.1 del ReaJ Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general de Circulación (RGC) establece que \"El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesarÓ de visión y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vfa\". EstaS obligaciones genéricas hay que completarlas con lo dispuesto en el arL 19.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículosa motor y Seguridad Vial (LSV}, vigente aún en el momento de los hechos, y referentea los límites de velocidad: "Todo conductor estA obligadoa respetar los limites de velocidad establecidos y a cener en cuenta, además, sus propias, condiciones físicas y psíquicas, las

![](media/image18.jpeg){width="0.6649989063867017in" height="9.0e-2in"}

caracterfsticas y el estado de la vfa, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cads momento, a fin de adecuar la velocidad de su vełtículo a las mismas, [de manera aue siemnre nueda detenerlo dentro]{.underline}

[de los Iímires de su camoo de visión v ante cualauier obstáculo aue oueda oresentarse"]{.underline}.

Desconocemos también totalmente, ya que es un dato omitido por la parte actora, datos que nos pudieran servir para comprobar .; en especial

Estamos ante un elemento clamorosamente silencïado por recurrente. De hecho, ni siquiera conocemos el tipo de bicicleta (no es Io mismo una bicicleta de carreras que una de montaña, que tiene ruedas gruesas). También resulta muy Ilamativo que la parte actora úo reclame ningún dańo material por la propia bicicleta. Y otros elementos iguaJmente determinantes (como si el ciClista iba distraído (o no) por ir escucharido múśica). Además de ello, existe un segundo elemento objetivo que debemos comentar expresamente. Cualquier vehículo de dos ruedas (motocîcleta, ciclomotor o bicicleta) tiene la particularidad de que se conduce estando en todo momento en equilibrio, algo que parece una obviedad, pero que no to es, por cuanto la atenciõn a la hora de conducirlo debe ser mayor. dado que también la es el riesgo de caîda por pérdida del equilibrio.

![](media/image19.png){width="1.999890638670166e-2in" height="7.499890638670166e-2in"}Tampoco es posible que los ciudadanos puedan exigir de la Administración un estado de pertección absoluto de la calzada en todo momento. La pretendida objetividad de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración supone tampoco la obligación de indemnizar en todo caso, pues las Administraciones públicas no son aseguraclores universaJes del riesgo. Es un hecho cierto que el mantenimienÏo las adecuadas condiciones de las vías públicas de circulación corresponde a la Administración que sea titular de las mismas, pues así Io dispone la Ley estatal 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y Caminos; que en este caso es la Administraciónlocal, cuya competencia viene establecida por la LBRL. Como ya hubo ocasión de seîîalar en la Sentencia del Tribunal Superior de Jústicia en CastiIIa-La Mancha de 15 de octubre de 2008 (Sala de lo Contencioso-AdministratÎvo, Sección 1a), dictada en el recurso 423/2005; Asunto: \"C\^ de Seguros Bilbao contra Consejería de Obras Públicas de la JCCM\"\' \"Queda acreditado por las fatograffas que aporta la actora que el estado del firme no es pertecto, pero ello tampoco es motivo suficiente para sostener la responsabilidad de la Administración. El mantenimiento y conservacion de las carreteras se hace por la Administración en ejecución de un presupuesto público siempre limitado, dentro de unos Iïmites y unas partidas concretes. Evidentemente no puede ser exigible un estado de conservación tipo "carretera recién asfaltada\".

SÊPTlMO.-La disyuntiva de la existencia (o no) de Responsabildad Patrimonial de la Administración debemos resolved la en atencióna la VALORACIÓN DEL ELEMENTO QUE DETERMINA LA CAÍDA. Porque no basta que exista un defecto en la via pública para que pueda declararse la existencia de Responsabilidaõ PatrirrioniaJ de la Administración. Es necesario que ese defecto sea Io suficientemente adecuado como para considerarlo objetivamente como elemento adecuado para causar daño. Pues de Io contrario, estaríamos haciendo respondera laAdministaciónde cuaquier daüo. convimiéndolaen un asegurador úniversM, ago que esta expresamente descártado por la jurisprudencia.

El deber de seguridad y vigilancia que corresponde a las Administraciones públicas no puede extenderse más aJIá de los eventos que sean razonabTemente previsibles en el desarrollo del servicio, y esta previsibilidad razonable no es de términos medios sino mínimos. Así, con carácter general una caída derivada de un tropiezo en un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles entraña un daño no antijurídico, que debe soportar el administrado desde el mismo momento en que

![](media/image20.jpeg){width="0.23999890638670165in" height="7.999890638670167e-2in"}![](media/image21.jpeg){width="0.6849989063867017in" height="7.999890638670167e-2in"}

participa del servicio público de aceras o calzada, y ello porque no se puede pretender que la totalidad de las aceras o calzadas de un casco urbano cualquiera se encuentren absalutamente perfectas en su estado de conservación y rasante, hasta extremos insoportables. Ello ni forma parte de la realidad de las cosas, ni puede ser exigido por los ciudadanos.

Como vemos, no es posible dar en estos casos definiciones aprior ísticas. La entidad del defecto depende del estándar medio de funcionamiento del servicio, cuestión ésta no discutida ni alegada por la recurrente. Y lo cierto es" que es difícil dar unadefinición casulstica del estándar de funcionamiento, si bien cabe apuntar la existencia de algunas paulas orientativas:

1\^) el estándar no puede determinarse al margen de la valoración de los recursos económicos que la prestación del servicio conforme a aquél conllevaría (un estándar elevado puede hacer inviable el servicio);

2^a^) el estándar no puede definirse a partir de lo deseable, sino en atencióna lo razonablemente posible, criterio que impide su delimitación a partir del daño sufrido aunque éste sea grave; y

3^a^) como criterio de cierre, el estándar ha de construirse sobre el test de razonabilidad, aplicado en consideración a la naturaleza del servicio y las circunstancias que presente el caso.

No es posible admitir que el título de la imputación de la Administración sea el servicio público atinente al deber de la entidad demandada de mantener las medidas de seguridad de sus instalaciones por debajo del estándar exigible. Aparte de no acreditarse por la parte actora estándar de ningún fipo, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no llega a existir relación de causalidad. Y por lamentable que sea el resultado de la caída, algo que nadie discute, al tratarse de un defecto asumible, no puede derivarse del mismo indemnización alguna

Por todo ello, no basta cualquier irregularidad en el pavimento para considerar el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, sino que aquella debe ser de tal índole que:

1º) no cumpla el estándar de eficacia que es exigible a los servicios

municipales de conservación y mantenimiento de vías urbanas, o

2º} imposibilite o dificulte notoriamente que sea evitada por los viandarites, o 3º} resulte inadvertida para estos en un deambular realizado con la debida

diligencia.

No solo ha de demandarse de la Administración que despliegue la adecuada diligencia en términos de estándar de funcionamiento razonable, sino que también el usuario de la Vía ha de ser consciente de los riesgos inherentes al hecho de transitar por una Vía interurbana en la que es imposible que e\| pavimento esté totalmente liso y en estado de perfección absoluta y en el que, además, hay obstáculos ordinarios diversos que debe sortear, y singularmente debe adoptar aquellas precauciones que sean proporcionadas a sus circunstancias personales, a las condiciones visibles o conocidas de la vía ya los posibles riesgos adicionales que asume al transitar por una zona en vez de por otras.

Como ya hemos dicho, el sistema de responsabilidad patrimonial de las

administraciones públicas no es un sistema de seguroa todo riesgo. Como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la prestación por la Administración de un determinado servicio y la titulandad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad palrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de. prevenir cualquier

![](media/image22.jpeg){width="0.27999890638670166in" height="0.1in"}![](media/image23.jpeg){width="0.6799989063867017in" height="0.105in"}

![](media/image24.png){width="6.499890638670167e-2in" height="11.189998906386702in"}

eventuaJidad desf&vorable o dàñosa para los adrninistrados que pueda producirse con independencia del actuar admiûistrativo, porque, de Io contrario, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro

ordenamiento jurídico (SSTS 13 de septiembre de 2002 y 5 de junio de 1998, entre otrBs).

OCTAVO.- La jurisprudencia ha analizado este tipo de caídas. Cuando se circula , la norma impone hacerlo por el arcén, no por la calzada. Las fotografías aportaõas por el recurre?te ponen de manifiesto que existía un hacer, clarîsimamente delimitado con una línea blanca. Y sin embargo, . iba por la caJzada (que es donde está la grieta). No results adrriisible ex1gir la aplicación de la legalidad desde la ilegalidad. Si e\\ arcén es practicable, por ahí debe circular

Y así lo establece la SAN de 16 de julio de 2002 (Sala de to Contencioso-Administrativo; Sec. B\^):

\"En consecuencia. no cabe afirmar \|a responsabilidad patrimoniaJ de la Administración por el daño sufrido par el actor, aJ no haber quedado acrediiado que el evento lesivo se produjera como consecuencia de deficiencias en el mantenimiento y conservación de la calzada atribuible a la Administración y derivada del fuńcionamiento de los servicios públicas. sino por cauśa imputable exclusivamente aJ afeciado que incumpîió la obligación impuesta par el artfculo 36.1\" del Reglamento General de Circulaciõn a todo conductor de cuaJquier vehículo de tracción animal, veh fcuìo especial con peso măximo autorizado no superior a 3.50O kg, cic![](media/image25.png){width="9.389873140857392e-2in" height="8.375984251968505e-3in"}g,l ciclomotor o cache de minusválido, de [circ‹ far oor el arcén de su derecha]{.underline} si fuera transitable y suficiente, en casa de que no exista vía a

parte de la misma que le esté especialmente destinada\".

En similares términos, por ejemplo, la Sentencia n.° 204/2016, de 5 de mayo,

del TSJ de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo; Sec. å) dictada en

el recurso n.° 889/2991; Ponente: , Io siguiente:

\"RÉGIMEN JURÍDICO CICLISTAS.- Sentado Io anterior, y en cuanto aI régimen jurídico splicable al casa. se ha de reseñar que según la Ley de Tráfîco (art 15) y el Reglamento General de Circulación {art 36) los ciclistas circularán (sí hay obligaciòn jurfdica) par el arcén de su derecha cuando no exista via a parte de la misma que les estë especialmente destinada, si fuera transitable y suficiente, y si no lo fuera, utilizara la parte imprescindible de la caJźada. Por oco lado, es\' de tener en cuenta que la carretera N-135 muy .utilizada par ciclistas donde se produce el accidente estã catalogada a los efectos de Io establecido en la LF 5/2007 de carreteras como de interës general y, conforme al art 5.1 del citado cuerpo legal, son carreteras las vfas de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehfculos automóviles (vehículos propulsados por motör) a diterencia de las bicicletas que peFtenece a la categoria de los \"ciclos\" a los efectos de Io recogido en el Anexo II-A deJ citado Reglamento General de Vehículos.

Per Io demás. como norma general los conductores, según el art II.2 de In Ley sobre Tráfico establece que deben circular con atención permanente que garantice su propia seguridad y la de los demás usuarios de la a vfa; en el mismo sentido se pronuncía el Reglamento General de Circulación en su an 18.1, precepto que los agentes de la Policía Koral como ya se ha dicho, consignaron como infringido.

Pues bien; a la vista de Io expuesto, ha quedado evidenciado que eí actor no circulaba en forma y ma"nera adecuada a las normas viales aplfcables a los ciclistas que marchan por carretera, en este caso, con omisión de la obîigatoriedad de circular por el arcén, Las grietas que presentaba el firme de b carretera N-135 eñ ese punto se encontraban en una zona no destinada específicamente a la circulación de bs ciclistas, puesto que discurrían IongiNdinalmente por uno de los carriles destinados aJ paso de los autorrióviles, siendo no obstante el estado del mismo aceptable para la circuTación normal de vehîculos que habitualmente tra?sitan por la carretera en cuestión. Dicha circunstancia explica que en el \"parte de recorrido\" correspondiente al dfa II de agosto de 2011 en el curso de las labores ordinaries de revisión el vigilante de carreteras no consignase ninguna anomalía destacabJe aJ no constituir las fisuras un peligro, ni para los principales usuarios de la vfa que son los vehíćulos automóviles, ni para los cicliśtas que circulen, œmo es su deber, por el arcên, practicable, donde no existe grieta alguna. El conductor de bicicleta de carretera, debe considerar que, si por la calzada por la que circum, transila un grau numero de vehfculos a motor, el estado del firme puede

![](media/image26.jpeg){width="0.22in" height="9.0e-2in"}![](media/image27.jpeg){width="0.6999989063867017in" height="0.1in"}

encontrarse mâs deteriorado y por Io tanto, ponderar también que, por las características del vehículo que conduce , con una rueda muy delgada y, en fin, mas endeble, ha de extremar la precaucìón que se exige a todo ciclista dillgente. En cuaJquier caso, precisamente el hecho de que no conste ningún otro accidente en el punto donde se.produce la caida del accor, es razonable pensar que o los demás ciclistas, y deben ser muchos los que transitan por ash, lal y como el propio demandante pone de manifiesto, circulan por el arcén, o, si Io hacen por el carril de rodadura, Io hacen con mãs atenclón y cuidado, y que l[as grİetas oer sn.nn son suscentioles de caurnr un riesao oara los ciclistas imputable a]{.underline} [la Administración]{.underline}.

En conclusión, los daños sufridos pro el actor no revisten el carácter de antjurldìcos ni existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de conservación de carreteras y los daños alegados\".

Este Juzgado asume íntegrarnente la doctrina señalada en las sentencias anteriores. Existiendo un amen, no puede recurrente pretender ser indemnizado cuando circulaba por la calzada. Además de ello, no es posible exìgir un estado de perfección absoluto en una zona que no estã destinada al paso exclusivo de

. La existencia de una grieta en el asfaJto \"per se\" no es susceptible de causar un riesgo para que deba ser imputable la Administración; y por tanto las lesiones sufridas por recurrente, por lamentables que puedan ser, no puede ser indemnizadas a cargo de dinero público.

NOVENO.-En el presente procedimiento hay una ausencia de conexidad causa/efecto entre la actividad de la Administración y el resultado dañoso finalmente producido. En otras palabras, no se aprecia la existencia de relación de causalidad, sin que el simple carácter objetivo de la responsabilidad (o pretendidamente objetivo) baste para pretender una reclamación económica. No es posîble admitir que el tftulo de la imputación de la Administración sea el servicio público atinente al deber de la entidad demandada de mantener las medidas de" seguridad de sus instaJaciones por debajo del estándar exigible. Aparte de no acreditarse èstándar de ningún tipo, lo cierto es que en el. caso que nos ocupa no existe ni exisüó en ningún momento relación de causalidad.

Declarada la ausencia de nexo causal, ello lleva derechamente a la

DESESTIMACIÔN Integra del Recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin que resulte tampoco necesario entrar a vałorar ni terciar en la discusión de las cantidades reclamadas, por no ser procedente acceder a indemnización alguna.

NOVENO.-Por todo lo anterior procede la DESESTIMACIÓN íntegra de la demanda contenciosa interpuesta (tanto la dirigida contra la Diputación Provincial de Alicante como la dingida contra el Excmo. Ayuntamientode ), por ser en el presente caso conformes a Derecho los actos administrativos impugnados, según los concretos motivos impugnados y a la vista de las pretensiones efectuadas.

COSTAS RESPECTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL: En la Jurisdicción

contencioso-administrativa rige, como regJa general aplicable a la primera instancia contencìosa el criterio objetìvo del vencimiento, (art. 139.1, párrato 1º, UCA) por lo que procede imponer expresamente las costas causadas a la parte recurrente. Y al amparo de la posibilidad establecida en el artículo 139.3 UCA, se señala fija una cantidad máxima a reclamar en concepto de costas, en atención a que las costas se imponen par imperaiivo legal, y" en tales casas este Juzgado de acuerdo con las normas del Colegio de Abogados de Æicante, exige una especial moderación; y que la actividad de las partes se ha referído a motivos sin especial complejidad. Asimismo, y siguiendo la jurisprudencia del Tńbunal Supremo, las costas Io serán únicamente respecto a las generadas por el Letrado, excluyendo expresamente las del Procurador (en el caso de que hubiere habido intervención del mismo). A la

![](media/image28.jpeg){width="0.22999890638670167in" height="9.0e-2in"}![](media/image29.jpeg){width="0.7049989063867017in" height="9.5e-2in"}

cantidad que se imponga en concepto de costas habrá de sumarle el correspondiente IVA.Por último, la condena en costas to es también para la Compañia Aseguradora comparecida como codemandada, por venir impuesta su personación de conformídad con Io dispuesto en el artículo 21.2.c} UCA.

COSTAS RESPECTO DEL AYUNTAMIENTODE : En"el concreto caso enjuiciado, la parte actora se ha visto obligadaa recurrir una desestimación.presunta (un silencio administrativo negativo), con Io cual formalmente en el momento de interponer la demanda, recurrente desconocía pura y simplemente las concretes razones pór las que la Administracidn entendía desestìmada por silencio su pretensión; razones que hemos podido conocer únicamente tras la contestación de la demanda por parte de la Administraciõn. En estas condiciones es criterio de este Juzgado (tornado de la Sentencia de 18 de noviembre de 2016, del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad de Madrid (rec. 125/2015), que no se imponen.costas \"teniendo en cuenta que no ha sido dictada la resolución expresa en respuestaa la reclamación de la actora\". Por tanto, cuando recurrente se ve obligadoa recurrir un acto adminìstrativo presunto, la eventual desestimación de la demanda no debe dar lugar en ningún caso a la imposición de costas, dado que la parte recurrence se ha visto obligadaa acudira Ja via judicial ya formulas demanda sin conocer las motivos jurídicos que amparaban la denegación presunto.

RECURSOS Y DĘPÓSITÖS: Dado que la cuantía del procedimiento supera la \"summa gravarninis\" de 30.000 euros del art. 81.1.a) .UCA (vigente tras la promulgación de la Ley estatal 37/2011; de 10 de oCttJbre, de medidas de agilizacİón procesal), procede señal6r el carácter apelable de la presente sentencia; en cuyo caso será precepávoa taJ fin consignar como depósito legal para recurrir, al tiempo de interponer el recurso, la cantidad de 50,00 € (CINCUENTA euros),a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en elBanco de Santandera nombre de este Juzgado, conformea lo establecido por la Disposición Adicional 15^a^.3o LOPJ 6/1985, salvo que concurra alguno de los supuestos de exclusión \"acf persanam\" previstos en el apartadó 5ᵉ de dicha Disposiciôn Adicional.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demăs de general y pertinente aplicación;

III. FALLO:

![](media/image30.jpeg){width="0.885in" height="0.32in"}DESES demanda contencioso-administrativa interpuesta por la parte a else la DIPUTACIÕN PROVINCIAL DE ALICANTE; la cual aJcanza igualmente a su asegurador£L

2º) DESESTIMAR la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la parte actora respecto del Excmo. AYUNTAMIENTODE ; la cual alcanza igualmente a su aseguradora

![](media/image31.jpeg){width="1.0149989063867018in" height="0.40499890638670166in"}3º} Realiz EXPRESS MPOSICION DE LAS COSTAS CAUSADAS en esta

instaricia, que debe sopor a ac a s b en limìtando la cuantla

![](media/image32.png){width="8.5e-2in" height="11.174998906386701in"}

CSV:

măxima a reclamar en concepto de costas a 1.500,00, €: (más IVA), y únicarnente respecto. de las costas generadas por la Excmo Diputación Provincial de Alicantey su Aseguradora; excluyendo expresamente las costas, por tanto SIN CONDENA EN

![](media/image33.jpeg){width="0.66in" height="7.499890638670166e-2in"}

COSTAS respecto de las que puedan haber generado el Excmo. Ayuntamíentode y su Compañía Aseguradora, las cuales se declaran de oficio.

![](media/image34.jpeg){width="0.82in" height="0.465in"}Notifiquese la prese entencia a las partes; informándolas que no es firme, y que contra la mis cabe te one Re o de A ela ionen el plazo de QUINCE (15) días ant mpsan o u ga o su caso-resolución; por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma Valenciana.

Procédase a dejar testimonio de esta sentencia en las actuaciones, y pase el

original de la misma al Libro de Sentencias. Una vez que sea declarada la firmeza

de la sentencia, devuélvase el expedientea la Administración de origen del mismo.

Así se acuerda y firma.

EL MAGISTRADO TITULAR

PUBLICACIÓN.• Dada, lefda y publicada fue la anterior resolución por el limo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

![](media/image35.jpeg){width="0.6799989063867017in" height="9.5e-2in"}